Le 1er août 1937, Pedro, 9 ans et son frère José Luis (« Cholo »), 11 ans, ont fui les bombardements de Santander vers la France. Après un séjour au Danemark ils intégrent l’école Freinet à Vence (Alpes-Maritimes) « pour nous la meilleure du monde ». Pedro et Cholo sont les deux premiers espagnols qui reçoivent l’enseignement de Célestin Freinet. Une institutrice espagnole complétera l’équipe pédagogique en 1937 pour accueillir un autre groupe d’enfants réfugiés.

Le Mouvement Coopératif de l’Ecole Populaire (MCEP) présente le livre de Pedro Morá « Un niño de la guerra en la escuela Freinet » (« Un enfant de la guerre dans l’école Freinet »). Pedro est aujourd’hui âgé de 89 ans.

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El 1 de agosto de 1937, Pedro, de nueve años, y su hermano Cholo, de 11, huyeron de los ataques de la aviación franquista sobre la capital cántabra rumbo a Francia y, tras su paso por Dinamarca, acabaron recalando en la Escuela Freinet, “para nosotros, lo más grande que hay en el mundo”.

El Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) presenta el libro ‘Pedro Morán. Un niño de la guerra en la Escuela Freinet’, sobre la historia de aquel pequeño refugiado que hoy tiene 89 años.

 

Pedro Morán (con mochila) a finales de los años treinta en Vence, junto a varios compañeros de la Escuela Freinet | MCEP

 

Isidro Cicero ha destacado que los que se echaron al monte son ante todo víctimas del franquismo, como lo son los fusilados, los que trabajaron como esclavos en los campos de concentración, los que tuvieron que exiliarse… o los niños de la guerra. Una de estos últimos es Pedro Morán (Santander, 1928), que no se echó al monte pero se echó al mar, y es que en 1937 tuvo que alejarse de su ciudad natal junto a su hermano José Luis ‘Cholo’ y embarcar rumbo a Francia huyendo de las bombas que caían sin descanso sobre la capital cántabra. Pedro recuerda que “el primer bombardeo de los fascistas” sobre Santander se produjo un domingo por la mañana, que a partir de entonces los ataques de la aviación franquista fueron “continuos” y que muchos de ellos “castigaron los alrededores” de su barrio, San Martín. “Como los bombardeos de la aviación franquista sobre Santander eran bastante seguidos, mi padre dijo que teníamos que salir de allí, porque corríamos un grave peligro, y consiguió que nos evacuaran a Francia a mi hermano Cholo y a mí”, explica justo ochenta años después.

‘Ploubazlanec’, el buque francés que trasladó a los niños desde Gijón hasta Pauillac

 

“Las autoridades danesas no hicieron nada, pero las organizaciones obreras se volcaron con nosotros”

Los hermanos Pedro, de nueve años, y Cholo, de 11, huyeron de Santander el 1 de agosto de 1937 y al día siguiente embarcaron en el buque francés ‘Ploubazlanec’ –que se alejó de Gijón escoltado por dos barcos ingleses encargados de disuadir a la armada franquista– junto con otros niños de la guerra vascos, cántabros y asturianos. El 3 de agosto atracaron en el puerto galo de Pauillac y en Francia recibieron tres semanas después la “malísima noticia” de que las tropas franquistas habían tomado Cantabria. “Todos lloramos recordando a nuestras familias, pues sabíamos que a muchos de los que cogían prisioneros los fusilaban sin más ni más, sólo por ser de izquierdas”, asegura Pedro. Un mes después, cada uno de aquellos niños de la guerra amaneció una mañana con un cartel a los pies de su cama donde se podía leer su destino definitivo. Parte de ellos fueron enviados a la URSS, y la otra parte –122 niños, entre los que se encontraban Pedro y Cholo–, a Dinamarca, hacia donde embarcaron una semana después. “En la escuela donde nos alojaron estábamos los chavales españoles a cargo de la gente del Sindicato Obrero de Dinamarca, que se portó maravillosamente con nosotros”, recuerda Pedro, que destaca que “las autoridades no hicieron nada, pero las organizaciones obreras se volcaron con nosotros”. Como se volcaron los periódicos daneses, que dedicaron numerosos artículos al día a día de aquellos pequeños refugiados.

Cholo, su padre, León; Pedro y su amigo Laurence, en una visita de León a Vence  | MCEP

No habían pasado dos semanas cuando Pedro, Cholo y otros dos niños también cántabros fueron trasladados a las proximidades de la localidad francesa de Vence, donde les esperaba un centro educativo que cambiaría sus vidas para siempre: la Escuela Freinet. “Para nosotros, lo más grande que hay en el mundo”, asegura Pedro. Dirigida por los maestros franceses Célestin Freinet y su esposa Elise –padres del denominado materialismo escolar y referentes pedagógicos de categoría internacional–, la Escuela Freinet “era una escuela francesa, pero allí había de todo: polacos, daneses, argelinos, judíos, de Marruecos y 38 españoles”, entre ellos Pedro y Cholo. Los Freinet son autores de numerosos libros de pedagogía, libros que “no gustaron a la gente más reaccionaria, que hacía la vida imposible al matrimonio” sólo porque su pedagogía “defendía a las clases populares, a los trabajadores”, recalca Pedro.

El documental ‘Elogio del horizonte’ recoge la historia de aquellos pequeños refugiados

Aquel pequeño refugiado presentó el pasado 27 de abril en el Parlamento de Cantabria el libro ‘Pedro Morán. Un niño de la guerra en la Escuela Freinet’, un trabajo colectivo editado por el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP), coordinado por Sebastián Gertrúdix y prologado por la escritora Rosa Regás, que también fue alumna de Freinet. El MCEP, inspirado en la filosofía de Freinet, dio con Pedro gracias a la exposición ‘Los niños de la guerra cuentan su vida, cuentan tu historia’ que el propio Legislativo autonómico acogió en 2015. Allí se proyectó el documental de Iñaki Ibisate, narrado por Josefina Ceballos, ‘Elogio del horizonte. Los niños de la guerra evacuados a Dinamarca’ (2009) y se celebró una mesa redonda en la que Pedro trasladó a los presentes su inolvidable experiencia en la Escuela Freinet, que llegó a oídos de Enrique Pérez Simón, miembro del MCEP y seguidor de los métodos del maestro francés, que hasta entonces no había conocido personalmente a ningún alumno de su gran referente pedagógico. “Imagina lo que supuso encontrar un testimonio vivo”, apunta Pérez Simón –uno de los artífices de ‘Pedro Morán. Un niño de la guerra en la Escuela Freinet’– junto al propio Pedro, que lo escucha atentamente mientras asiente.

Pérez Simón, Pedro Morán, Gertrúdix y la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga

En plena II Guerra Mundial, “Franco reclamó a los niños de la guerra y la URSS dijo que no, pero Francia nos devolvió a él”, por lo que en 1940 Pedro y Cholo dejaron la Escuela Freinet y regresaron a Santander, donde no encontraron “más que hambre”. Rechazados “por rojos” en varios centros educativos, sólo pudieron matricularse en las Escuelas Verdes del barrio de Entrehuertas, “el único colegio en el que un maestro nos admitió”. De aquel Santander Pedro recuerda la muerte del guerrillero antifranquista Pin Lavín ‘El Cariñoso’, abatido el 27 de octubre de 1941 en la calle Santa Lucía de la capital cántabra. “Iba a la zona a reunirme con unos amigos, pero aquel día no pudimos hacerlo, porque estaba todo cercado por la policía y no nos dejaron pasar”, rememora. Y los últimos días del Dr. Madrazo, cirujano y científico que “murió de pena” el 8 de noviembre de 1942, a los pocos días de abandonar gravemente enfermo la cárcel en la que había sido encerrado en 1937, a los 87 años de edad, acusado de anticlericalismo.

Viajando en moto de Santander a Bilbao pudo ver cómo “cantidad de guardiaciviles bajaban del monte con una cuerda” el cadáver de Paco Bedoya

Pedro dejó atrás su infancia, se hizo navegante –como su padre, León– y, como Pérez Simón, vio las “al menos dos grandes pintadas a brocha” con el lema JUANÍN VIVE con las que amaneció Santander tras la noche del 24 de abril de 1957 en que mataron al guerrillero antifranquista lebaniego, “una inmensa en Atarazanas, junto a la Catedral de Santander, y otra en la iglesia de los Pasionistas”. El 2 de diciembre de aquel mismo año mataron al también guerrillero antifranquista Paco Bedoya, y viajando en moto de Santander a Bilbao también pudo ver, a la altura de Guriezo, cómo “cantidad de guardiaciviles lo bajaban del monte con una cuerda”.

Célestin Freinet

Célestin Freinet et son épouse Lise créent une école aux méthodes nouvelles à Vence (Alpes- Maritimes) d’ inspiration autogestionnaire et libertaire .

En français :

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lestin_Freinet

 

Pedro tampoco olvida a Jesús Revaque, director del colegio santanderino Menéndez Pelayo durante la II República, director del profesorado español desplazado a Dinamarca para encargarse de la enseñanza de los niños y exiliado finalmente en México. “Un referente de la enseñanza de Cantabria, aunque se escuche hablar poco de él”. Y sobre todo no olvida a Freinet, del que también se escucha hablar poco a pesar de que “acogió y enseñó a 38 españoles en Vence”, aunque “el Gobierno español no se lo ha reconocido nunca, nunca ha tenido ningún reconocimiento oficial”.

Pedro tiene 89 años y vive en su Santander natal. Cholo, de 91 y autor de dibujos –muchos de ellos, de temática antifascista– que un día asombraron a aquella su familia de Vence y a los lectores de los periódicos que los editaron, continúa residiendo en Francia, aunque su memoria ya apenas le permite recordar.

 

A Pauillac, dans le Médoc, le port de Trompeloup a joué durant cette période le rôle d’une fantastique plaque tournante, (86 059 réfugiés y ont transité), réfugiés venus d’Espagne et dirigés vers des camps de regroupement sur le territoire français. Au contraire d’autres réfugiés déjà en France qui embarquent sur des navires en partance pour l’Amérique latine.

Le Winnipeg en partance pour le Chili, à Pauillac, navire affrété par Pablo Neruda :

http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/le-chili-celebre-le-winnepeg-bateau-parti-de-pauillac-pour-sauver-des-refugies-espagnols-grace-neruda-542234.html

 

Source :

http://www.eldiariocantabria.es/articulo/cantabria/bombardeos-santander-fueron-continuos/20170525112229030330.html

 

Solidarité internationale antifasciste, en espagnol Solidaridad Internacional Antifascista (SIA), est fondée en Espagne, le 27 mai 1937, par la Confédération nationale du travail (CNT) avec les autres organisations libertaires, la Fédération anarchiste ibérique (FAI) et la Fédération ibérique des jeunesses libertaires (FIJL), composantes du Mouvement libertaire.

À la fois organisme humanitaire et politique en faveur de l’anarchisme, SIA est conçue comme une réponse à la mainmise des communistes et de leurs organisations (le Secours rouge notamment) sur la vie publique et politique lors de la guerre d’Espagne.

Pour compenser la faiblesse du mouvement libertaire hors d’Espagne et donc le manque d’appuis internationaux pour la CNT, la décision officielle de créer une organisation de solidarité internationale est prise par le plénum national de la centrale anarcho-syndicaliste à Valence le 15 avril 1937.

SIA est effectivement créée en juin2, après les affrontements des journées de mai 1937 à Barcelone qui opposent, d’une part les anarchistes et des groupes communistes anti-staliniens partisans de la Révolution sociale et d’autre part l’Etat républicain, la Généralité de Catalogne et des groupes politiques socialistes et communistes.

Conçue dès le départ comme une organisation humanitaire ayant pour but de soutenir le mouvement libertaire espagnol et la révolution sociale, SIA est pendant toute la guerre d’Espagne un moyen de diffusion des idées anarchistes.

Pour le Mouvement Libertaire Espagnol (Movimiento Libertario Español – MLE), cette structure doit permettre de combler le besoin vital qu’a la CNT de trouver des soutiens à l’étranger pour contrer politiquement l’Internationale communiste et améliorer son approvisionnement en armes, matériel médical, vivres, etc. Même si la CNT fait partie d’une organisation internationale, l’Association internationale des travailleurs, cette dernière n’a que très peu d’influence et de marge de manœuvre pour l’aider.

La création de la SIA, une fois votée et décidée par la CNT commence par la mise en place des sections locales, tout d’abord en Espagne. Dès le 5 juin 1937, des groupes sont constitués avec l’appui du mouvement libertaire.

En quelques mois, SIA va regrouper des milliers d’adhérents (plus de 150000 ?) et de groupes (plus de 400 en Espagne républicaine ?).

Actions humanitaires

Si la SIA est d’abord créée comme moyen politique au service du mouvement libertaire, elle est rapidement amenée à intervenir sur le terrain afin de pallier le manque d’efficacité des organismes déjà en place.

Entre juin 1937 et janvier 1939, les sections hôpital et sanitaire de la SIA sont présentes, tant au Front qu’à l’arrière. Reconnues par l’État-major républicain et le gouvernement de Valence, des brigades de sauvetage au Front assurent le transport des blessés des zones de combat à l’arrière, et apportent les premiers secours aux combattants. Elles sont composées de volontaires, médecins, infirmières, brancardiers. Cette action sur le Front, se double d’une action à l’arrière en faveur des combattants. Un hospice pour les blessés de guerre est créé et la SIA gère, en commun avec la CNT, quatre hôpitaux militaires en Catalogne. Leur approvisionnement est assuré par l’organisation.

En ce qui concerne l’aide des sections sanitaires et hospitalières aux civils, elle est surtout marquée par la constitution d’une brigade de volontaires équipés de matériel médical et de recherche pour porter secours aux civils victimes de bombardements. C’est le service d’action sociale de la SIA qui effectue la plus grosse partie du travail de solidarité : envoi de colis pour les combattants et les civils, ouverture et gestion de lieux publics (casa de dormir, qui correspondent à des foyers d’hébergement, restaurant du milicien, restaurants populaires, etc.), mais aussi distribution de nourriture, de vêtements, de repas. Cette action sociale est large et dépend des sections locales qui l’organisent selon les besoins et les forces disponibles. L’organisation gère également la distribution les dons venant de l’étranger.

Pour aider les enfants orphelins ou réfugiés, la SIA a ouvert trois garderies à Barcelone, un foyer à Badalone installé dans un ancien couvent et des colonies à Masnou, Rabos, Cervera, Beguda Alta, Esparraguera, Sabadell (Catalogne) et deux foyers pour enfants à Madrid.

Solidarité internationale

Organisation politico-humanitaire, ayant une action non négligeable en Espagne, la SIA est aussi une organisation internationale.

De sa création, en juin 1937, aux premiers mois de 1939, un certain nombre de sections étrangères voient le jour. Les premières sections à être créées, avant la fin 1937, sont les sections française, suédoise, britannique, portugaise et nord-africaine.

Le 30 octobre 1937, à Paris. Lors du congrès de l’Union Anarchiste, le Comité pour l’Espagne Libre créé par Louis Lecoin, Nicolas Faucier, Pierre Odéon et Pierre Le Meillour se transforme (à la demande de la CNT-FAI) en section française de Solidarité internationale antifasciste et édite, à partir du 10 novembre 1938, l’hebdomadaire du même nom SIA. La section française compte 15000 adhérents et son journal, 5500 abonnés, en février 1939. Elle organise l’envoi de vivres, d’argent et de médicaments au profit des libertaires espagnols. Le produit des souscriptions lui permet d’entretenir une colonie d’orphelins à Llançà non loin de la frontière française. Mais ses activités ne se limitent pas à ces actions d’ordre humanitaire, elle organise également l’expédition d’armes et de munitions à l’intention des anarchistes espagnols qui en manquent cruellement. Le journal est interdit par le gouvernement en avril 1939.

La section nord-africaine ne concerne que la partie espagnole du Maroc d’où une partie de la rébellion nationaliste est partie et est créée par des militants de la CNT entrés en clandestinité et qui se réfugient dans les territoires français pour échapper aux troupes nationalistes.

Dans le Portugal d’António de Oliveira Salazar, la section ne peut avoir qu’une activité clandestine. Même si elles existent sur le papier, la création de ces sections est donc plus un effet d’annonce qu’une existence et une implantation réelle.

Au Royaume-Uni, Emma Goldman, fait partie du conseil d’honneur de la SIA, est sollicitée pour constituer autour d’elle une section britannique.

En Suède, c’est la centrale anarcho-syndicaliste Sveriges Arbetares Centralorganisation qui fonde la section.

En janvier 1938, la section américaine est créée autour du syndicaliste et théoricien allemand exilé aux États-Unis, Rudolf Rocker.

Dans le premier semestre 1938, des sections sont créées en Argentine, au Chili, au Mexique et en Uruguay. Dans ces pays hispanophones, ce sont souvent des militants exilés de la CNT, informés par le biais de leurs anciens camarades, qui sont à l’initiative.

En Chine, c’est autour de Chang-Ching-Chiu, qui a effectué plusieurs séjours en Europe, que se forme la SIA locale.

Aux Pays-Bas, c’est Harm Kolthek, militant anarcho-syndicaliste, qui fonde la section hollandaise.

En Australie, ce sont d’anciens militants de la CNT et de la FAI, exilés après la répression de la grève dans les Asturies en 1934, qui créent des sections à Melbourne et Sidney en mars 1938.

En tout, il existe fin juin 1938 treize sections nationales de la SIA.

Le 1er novembre 1938, lors de la réunion internationale de la SIA tenue à Paris, est mentionné l’existence d’une section polonaise ainsi que de sections palestinienne, canadienne et japonaise en création auxquelles il faut ajouter celles de Cuba et Honolulu, qui ne fait pas encore officiellement partie des Ètats-Unis.

Au début de l’année 1939, en a peine plus d’un an d’existence, la SIA est une organisation qui revendique des sections dans une vingtaine de pays, réparties sur les cinq continents.

Renaissance en 1945

Après la Deuxième Guerre mondiale, mi-juin 1945, Solidarité internationale antifasciste (en exil) est reconstituée à Toulouse par des réfugiés espagnols.

La section belge est fondée le 18 mai 1946 et rassemble des anti-fascistes anti-staliniens (voir Anarchisme en Belgique). L’association organise la défense des demandeurs d’asile qui ont fui leur pays et les régimes autoritaires. Elle constitue un lieu de rencontre pour les immigrés dont les nombreux espagnols anarcho-syndicalistes de la CNT en exil.

Personnalités

En Espagne

En 1937, Lucia Sanchez Saornil, est secrétaire de presse et propagande de la SIA. L’année suivante elle est secrétaire du Conseil Mondial de SIA et en mai est nommée secrétaire national. Elle fait pendant toute cette période de fréquents voyages en France pour y recueillir vivres et aides.
En juillet 1937, Pedro Herrera Camareto est le secrétaire du Comité national de la SIA16.
En 1939, Mateo Baruta Vila (1901-1980), est le secrétaire national de SIA.
Renée Lamberet développe une intense activité au sein de la SIA, notamment avec la colonie d’enfant Spartaco organisée à Ajentona par le syndicat CNT des chemins de fer et la colonie organisée à Llançà pour accueillir des enfants réfugiés du Pays Basque, des Asturies et du front de Madrid4,.

En France

Edgar Morin : « Mon premier acte politique fut d’intégrer une organisation libertaire, Solidarité internationale antifasciste, pour préparer des colis à destination de l’Espagne républicaine. »
En 1937, Fernand Vintrigner, gérant du journal SIA, organe de la section française.
Nicolas Faucier, trésorier, en 1937, de la section française.
Jean Roumilhac, premier président, en 1937, de la section française
Louis Lecoin, secrétaire, en 1937, de la section française.
Henri Jeanson,.
Robert Louzon.
René Lochu
Paul Reclus participe, en 1937, à la Solidarité internationale antifasciste.
Fin 1944, Jean-René Saulière réorganise la SIA dont il devient le secrétaire général.
Émilienne Morin

En Belgique

Jean De Boë est parmi les fondateurs de la section belge.

Citation

« La SIA espagnole demande au peuple français solidarité complète pour aider à évacuer la population des zones d’opérations où l’armée de la liberté résiste héroïquement devant l’avalanche barbare. Nous prions la France républicaine, la France issue de 1789, de recevoir nos enfants, nos vieillards, nos femmes et de leur faire bon accueil. Ils le méritent. Mille et mille fois merci » – Télégramme envoyé par Mateo Baruta Vila et Lucia Sanchez Saornil au nom de la SIA, 26 janvier 1939.

Commentaire

Selon l’historien Valentin Cionini : « Émanation du MLE, la SIA est destinée à apporter un soutien politique et matériel aux anti-autoritaires espagnols sous couvert d’actions de solidarité. Pourtant, les réalités de la guerre amènent la SIA à évoluer. Que cela soit dans ses objectifs, ses méthodes, cette évolution laisse peu à peu au second plan l’idéologie, pour développer l’acte de solidarité. Mais même en recentrant son action sur la solidarité en faveur des victimes de la guerre, la SIA n’oublie pas que cette aide doit être apportée en priorité à son propre camp. A aucun moment des actions de secours en faveur des nationalistes ne sont envisagées. La SIA réserve ses activités au camp républicain. Cette sélectivité est importante dans la construction de la SIA. Pour des raisons matérielles, idéologiques, le refus de secourir ceux qui ne sont pas de son côté forge son identité. […] Construite par le mouvement libertaire en Espagne et dans les autres pays où elle a une section, la SIA ne se détache à aucun moment de celui-ci. Il lui est difficile de couper les liens qu’elle entretient avec un mouvement qui a tout fait pour la mettre sur les rails et l’imposer dans le paysage de l’aide internationale […] qui voi[en]t dans la SIA la structure internationale qui leur manque face au développement des organisations communistes. »

■ Guillaume GOUTTE
PASSEURS D’ESPOIR
Réseaux de passage du Mouvement libertaire espagnol 1939-1975
Saint-Georges d’Oléron, Les Éditions libertaires, 2013, 230 p.

AU FOND de l’histoire, indiquait Lucien Febvre, il y a toujours des sentiments. Longtemps le récit de cette histoire-là – notamment celle de la résistance libertaire antifranquiste des années 1950 – fut raconté de manière sentimentale et avec l’idée qu’il fallait revendiquer le parcours tragique de ces quelques hommes qui marchèrent vers la mort au nom de leurs convictions. On était alors dans une double nécessité : la première relevait d’une dette morale envers ces combattants disparus et la seconde d’une mise en cause des instances du Mouvement libertaire espagnol en exil dans la gestion approximative et cahotante de la stratégie d’action armée contre l’État franquiste. Cette tâche, Antonio Téllez Solá (1921-2005) fut le premier à la mener à bien en consacrant partie de son existence à raconter cette histoire qui fut aussi la sienne. D’où le caractère indiscutablement affectif de ses récits, par ailleurs bien informés [1]. Avec le livre de Guillaume Goutte, qui assume clairement l’héritage de l’ « œuvre fondatrice » de Téllez Solá, nous entrons à l’évidence dans une autre dimension, celle qui tient à égale distance, et avec constance, l’histoire froide, antiquaire et dématérialisée, des universitaires à prétention objectiviste et l’histoire héroïque à vocation militante plus encline à manier l’émotion que le bilan. C’est sans doute le principal mérite de cette étude, fruit d’un travail universitaire transformé en livre, que de s’efforcer d’éviter ces deux écueils en tenant fermement le cap de l’histoire critique pour restituer sur le long terme – trois décennies et demie – les cheminements complexes d’une résistance libertaire.

CENTRÉ sur la figure du « passeur » – et plus largement sur la question de « l’organisation de la traversée de la frontière » –, le livre de Guillaume Goutte adopte, en effet, un angle de vision original par rapport à la production historiographique dominante sur le sujet. Il s’agit ici de comprendre, à ras de terre pourrait-on dire, comment fonctionnèrent ces réseaux de passage mis en place par les anarchistes espagnols, mais aussi de montrer comment ils évoluèrent, sur le long terme, en regard des conditions de la clandestinité et des changements de ligne stratégiques du Mouvement libertaire espagnol en exil. Sur cet aspect du problème, Passeurs d’espoir offre une vision globale bien documentée des conflits internes que suscitèrent, au sein de l’exil libertaire, les activités des groupes de la résistance intérieure tout en se gardant de les réduire, comme c’est souvent le cas dans la sphère de l’histoire héroïque, à une éternelle dichotomie entre une « juste ligne » (activiste) et les pesanteurs bureaucratiques visant à la paralyser. Ici, les évidentes sympathies de l’auteur pour l’activité de la résistance libertaire n’oblitèrent pas son jugement quant à ses faiblesses et ses contradictions, mais aussi quant à l’entêtement qu’elle manifesta à se maintenir, malgré son faible rendement, dans les pires conditions.

Indépendamment de son principal objet – « réévaluer l’intense activité antifasciste à laquelle se sont livrés les anarchistes espagnols » entre 1939 et 1975 –, Passeurs d’espoir peut induire, tant son champ est vaste, plusieurs niveaux de lecture. On y trouvera, au choix, une description fouillée de l’exil anarchiste espagnol en France, un exposé méthodique des motivations du passage clandestin de la frontière pyrénéenne dans les deux sens durant toute cette période, une analyse précise de l’organisation de l’activité des réseaux de passage anarchistes et un relevé circonstancié des politiques de répression que suscita, des deux côtés de la frontière, cette délictueuse activité. De quoi penser, en somme, les divers éléments configurant un dispositif complexe où le « passeur anarchiste » (ou « passeur de guérilla ») représente une « pièce maîtresse » de la résistance libertaire contre le franquisme.

Cet homme, qui est-il ? À la différence du passeur « classique » – ou encore du guide salarié par d’autres organisations antifascistes –, le passeur anarchiste fait intimement corps avec le projet qu’il sert. Cette adéquation entre son idéal militant et son activité constitue, sans doute, sa grande singularité. Il est un combattant conscient des risques qu’il encourt, risques qu’il partagera avec ses compagnons en cas d’échec – d’autant qu’il est parfois passeur et guérillero, comme c’est, par exemple, le cas de Ramón Vila Capdevila, dit Caraquemada. En clair, avant d’être « passeur », cet homme est d’abord un militant anarchiste qui met sa connaissance du terrain au service d’une cause qu’il fait sienne et qui, sans lui, ne pourrait pas prospérer. Le reste est affaire de circonstances et d’opportunités. Le moins qu’on puisse dire, c’est que, suivant le long cours de cette histoire, les conditions et les enjeux du passage changeront souvent.

On aurait tort, en effet, de voir dans cette résistance un continuum mythique de l’esprit de rébellion fondé sur le seul refus anarchiste de la dictature. Elle épouse, au contraire, jusque dans ses moments de recul ou d’hésitation, les mouvements, plus ou moins favorables, d’une histoire hésitante. D’où la nécessité de la saisir dans le détail en s’attachant aux ruptures d’approche qui la caractérisèrent d’une période à l’autre. La première saison de la résistance s’inscrit, de 1939 à 1945, dans le mouvement plus général de la lutte contre le nazi-fascisme et engage, très tôt, au sein du réseau Ponzán notamment [2], des anarchistes convaincus que l’issue de ce combat déterminera forcément l’avenir de l’Espagne. Atypique, cette phase reste marquée par le pragmatisme des réseaux libertaires qui s’y impliquent et n’hésitent pas à travailler pour des alliés provisoires en échange de certains avantages pour leur propre cause [3]. La deuxième saison se subdivise en deux périodes : l’une, qui va de 1946 à 1950, voit éclore des groupes d’action apparemment soutenus par l’exil mais fonctionnant plutôt de manière autonome ; l’autre, qui court de 1951 à 1960, se caractérise par la persistance de l’activisme armé des derniers groupes d’action malgré l’abandon de cette ligne par les instances de l’exil en 1951. La troisième saison (1961-1967) est liée à la fondation de l’organisme Défense Intérieur, puis à l’« insurgence » d’une nouvelle génération d’activistes des Jeunesses libertaires à travers les activités du Groupe 1er-Mai. Enfin, la quatrième et dernière saison, celle des années 1970, met en mouvement des groupes sans lien organique direct avec le Mouvement libertaire espagnol (ou ses dissidences), comme les GARI et le MIL.

LA LUTTE contre la dictature franquiste demeure, du début à la fin de cette histoire singulière, la principale raison d’être des passeurs anarchistes (de la France vers l’Espagne – pour y transférer des combattants, des fonds, des armes et de la propagande – ou de l’Espagne vers la France – pour y rapatrier des militants en danger). Chevilles ouvrières de la résistance, le succès des missions dont ils ont la charge repose essentiellement sur leurs épaules.

À la différences d’autres ouvrages où la question de la rémunération des passeurs se voit souvent reléguée aux oubliettes de l’idéalisme, le livre de Guillaume Goutte apporte, sur le sujet, quelques éléments d’information chiffrés intéressants, notamment sur la première saison de la résistance. On y apprend, par exemple, que le réseau Ponzán demandait de 2 000 à 3 000 pesetas aux services britanniques pour chaque personne passée à leur demande [4]. Pour ce qui concerne le transport de Juifs vers l’Espagne – que le réseau prit parfois en charge contre la volonté des services britanniques, qui n’en faisaient pas une priorité –, les tarifs exacts ne sont pas connus, mais il semble qu’ils n’aient rien eu à voir avec ceux – exorbitants – pratiqués par les passeurs classiques. Jusqu’en 1942, l’argent perçu par le réseau Ponzán était, nous dit Guillaume Goutte, « intégralement versé à une caisse commune » destinée à subvenir aux besoins de ses membres et de leurs familles, mais aussi à financer les activités proprement anarchistes du réseau [5] et ses infrastructures (hébergeurs, faussaires, imprimeurs, agents de liaison).

Les passeurs des années suivantes – dont certains exerçaient, pour leur propre compte, des activités de contrebande – n’étaient, semble-t-il, rémunérés que lorsqu’ils passaient, de l’Espagne vers la France, des « migrants “économiques” ou “familiaux” ». Cela dit, on peut penser, que, même s’ils travaillaient souvent pour la gloire, il leur arrivait aussi, à l’occasion, d’être défrayés par les groupes d’action de la résistance [6]. De même, sur les bases d’appui dont disposait la résistance des années 1950 – notamment, du côté français, le mas Tartas et le mas Graboudeille et, du côté espagnol, Can Moreno et Can Flaquer –, sur les itinéraires de passage clandestin et sur les expéditions elles-mêmes, Passeurs d’espoir fourmille de données fort utiles pour comprendre comment fonctionnaient, dans le détail, ces réseaux.

Essentiel dans les deux premières saisons de la résistance libertaire, le rôle des passeurs tend à décliner à partir des années 1960, date à laquelle, avec le début de la grande migration touristique, s’ouvrent d’autres voies, moins dangereuses, de passage vers l’Espagne. « Nombre de jeunes activistes anti-franquistes, nés en exil, [étant] de nationalité française », la plupart des entrées se font alors, indique Guillaume Goutte, « par les postes frontaliers, avec des papiers le plus souvent en règle ». Presque « légalement », en somme. Reste que, certaines traversées clandestines demeurant encore nécessaires, « notamment pour évacuer des militants recherchés par la police », les passeurs ne disparaissent pas complètement. En cas de besoin, ils reprennent le collier, en adaptant, il est vrai, leurs activités aux nouvelles formes de déplacement motorisées. Ce changement de méthode est ici évoquée par Jordi Gonzalbo et Jeanine Lalet, qui participèrent de près, dans les années 1960 et 1970, aux activités de passage liées au groupe des Jeunesses libertaires de Perpignan [7].

SI, D’UNE PHASE À L’AUTRE de la résistance libertaire au franquisme, perdure un même imaginaire réactivant les mêmes vertus combattantes, les différences sont évidemment nombreuses, comme le montre Guillaume Goutte, entre la résistance à mort des premiers temps, l’extrême solitude des maquisards des années 1950, l’activisme à vocation spectaculaire des années 1960 et l’illégalisme assumé des années 1970.

Guillaume Goutte accorde une attention particulière – et attendrie – aux maquisards des années 1950, seconde époque, dont le seul – mais vrai – mérite fut probablement de sauver symboliquement l’honneur des vaincus d’une déjà lointaine guerre civile. Ceux qui s’adonnèrent, en ces temps de désarroi, à cette résistance solitaire étaient en réalité de drôles de types incapables d’admettre d’autre manière de vivre – et de mourir – que celle-là. Porteurs de flamme côtoyant des fantômes, ils se battaient non pour vaincre, mais pour ne pas démériter. Cette configuration mentale si particulière d’une résistance ultra minoritaire, le franquisme la perçut comme un réel danger, non pour sa survie – elle était assurée au vu du déséquilibre des forces engagées –, mais parce qu’elle ravivait constamment la mémoire du peuple des ombres. D’où la constance qu’il mit à l’éradiquer. Qu’on entende bien : il ne s’agit pas, ici, de sur-valoriser la « dangerosité » anti-franquiste des Sabaté, Facerías et autres Caraquemada – au bout du compte, leurs clandestines activités n’eurent aucun effet déstabilisateur réel sur le régime –, mais d’insister sur l’exceptionnelle motivation individuelle de ces combattants solitaires que rien ne fit céder : ni l’adversité, ni le rejet dont ils furent l’objet de la part de leur organisation. C’est sans doute cette étrange prédisposition à l’entêtement et au refus qui les firent passer pour des aventuriers quand ils n’étaient que des irréductibles.

Au tournant des années 1960, les adeptes d’une nouvelle forme de résistance, moins lyrique et plus méthodique, critiquèrent, dans les rangs d’un mouvement libertaire en voie d’apparente réunification, la facture par trop improvisée de l’ancienne. Pour Guillaume Goutte, si l’on « peut assurément parler d’impasse de la lutte armée » à la fin des années 1950, cet échec s’explique surtout par la féroce répression qu’elle subit et par « l’inadéquation entre le soutien supposé de l’appareil confédéral de la CNT “apolitique“ à la lutte armée et la réalité des moyens qu’il était capable ou souhaitait mettre en œuvre pour l’assumer ». Il poursuit : « Cette dualité permanente entre les intentions et les actes induisit indubitablement, du côté des groupes d’action, autant de faux espoirs que de sourdes rancœurs ». Pour la nouvelle génération résistante, celle qui fit ses premières armes dans le cadre de l’organisme Défense Intérieur (DI), il s’agissait, en revanche, d’opérer un « saut qualitatif » – pour reprendre l’expression d’un de ses stratèges, Octavio Alberola [8] –, en rompant avec le côté « romantique » et « désorganisé » de la vieille garde. Pour un autre « jeune libertaire » de l’époque, Tomás Ibáñez, dont Guillaume Goutte rapporte les propos, les principales différences entre ces deux âges de la résistance étaient au nombre de quatre : la tactique d’action directe ne devait plus être « l’affaire d’individualités », mais engager « l’ensemble du MLE » ; les braquages devaient être exclus ; les opérations devaient être menées dans l’intention de susciter des « effets médiatiques » ; l’objectif essentiel de cette résistance devait être d’abattre Franco [9].

Au terme de deux années d’activités régulièrement contrariées par ceux-là mêmes dont la présence au sein du DI n’avait, depuis sa création, d’autre but que celui-là [10], un bilan honnête de la courte existence de cet organisme « conspiratif » impose de reconnaître, comme le fait Guillaume Goutte, que, malgré sa louable aspiration au « saut qualitatif », ses « lacunes » furent aussi évidentes que ses difficultés « à gérer correctement ses entreprises » [11]. Pour s’en convaincre, nous dit-il, il suffit de s’intéresser, « au-delà des imprévus que toute action clandestine peut connaître, [à l’] amoncellement d’erreurs [qui lui sont] directement imputables », notamment au moment de la confuse opération madrilène de l’été 1962 – qui deviendra la tragique « affaire Granado-Delgado » et « entamera définitivement son crédit » [12]. Par la suite, le flambeau fut repris par les seules Jeunesses libertaires qui persistèrent, à travers le Groupe 1er-Mai, à emprunter, pendant quelques années encore, la voie activiste avant qu’une nouvelle vague d’insurgés, plus proche de l’illégalisme armé post-soixante-huitard que de la résistance libertaire antifranquiste classique, n’occupe, au début des années 1970, le devant d’une scène où tout se décidait dans les coulisses – y compris le tempo d’une transition démocratique déjà programmée. Quelque dix ans après Francisco Granado et Joaquín Delgado, Salvador Puig Antich, militant du MIL, sera le dernier garrotté – mais non le dernier exécuté – d’un généralissime exterminateur qu’aucune résistance ne parvint, hélas, à éliminer.

S’IL CONVIENT de saluer le travail de Guillaume Goutte, c’est qu’il est rare que, sur un tel sujet, l’équilibre soit à ce point tenu entre l’évidente empathie ressentie pour les fantômes de cette résistance au long cours et la claire volonté d’en retracer l’histoire sans sombrer dans sa mythification. Centré sur la figure du passeur anarchiste, un des grands oubliés – notons-le – de cette longue épopée, le récit qu’il en tire nous replace au centre de cet entrelacs de passions et de refus qui poussèrent quelques hommes à poursuivre un combat bien trop inégal pour pouvoir être remporté. La première leçon qui se dégage de cette épopée, la principale peut-être, c’est qu’il existe, quelles que soient les circonstances, des individus – rares – qui se sentent portés par un défi nécessaire et que rien n’abat, pas plus la défaite que la solitude. La seconde, c’est que cette histoire leur appartient en propre, et non pas à l’organisation à laquelle ils étaient liés et qui, souvent, les lâcha sans jamais le leur dire clairement. Quant à supposer que cet abandon valut trahison, ce serait évidemment ignorer qu’aucune organisation, aussi libertaire fût-elle, ne pouvait lier son sort et ses intérêts à une stratégie qui risquait, à terme, de remettre en cause le statut légal qu’elle avait acquis en exil. Son grand tort fut de jouer sur les deux tableaux, et même de surenchérir dans le martyrologe, en laissant accroire, par pure démagogie, qu’elle était, encore et toujours, le centre névralgique d’une résistance qui la gêna plutôt aux entournures – double langage qui conduisit, au début des années 1960, à la création d’un organisme « conspiratif » dont les concepteurs firent tout pour qu’il ne conspire surtout pas.

Il n’est plus temps, cela dit, de se demander si la voie de la résistance armée contre le franquisme était possible. Ni même de savoir dans quelles conditions elle aurait pu l’être. Elle fut tentée, sous diverses formes, et elle échoua, quelles que fussent les méthodes employées, à atteindre la plupart de ses objectifs. Sauf un : maintenir vivante la mémoire des vaincus et, avec elle, ouverte la perspective qu’il n’était jamais vain d’arpenter les chemins d’insoumission. Au risque de s’y perdre en cherchant un passage. À l’heure des bilans, c’est sans doute ce qui demeure, et c’est bien comme ça.

José FERGO

[1] Deux livres de cet auteur sont disponibles en français : Sabaté. Guérilla urbaine en Espagne (1945-1960), Toulouse, Repères-Silena, 1990, et Le Réseau d’évasion du groupe Ponzán. Anarchistes dans la guerre secrète contre le franquisme et le nazisme (1936-1944), Toulouse, Le Coquelicot, 2008.

[2] Francisco Vidal Ponzán (1911-1944) demeure indiscutablement la figure dominante de cette « première résistance ». Ancien agent du Service d’intelligence spéciale périphérique (SIEP) de l’armée républicaine, cet anarchiste aragonais, instituteur de profession, fut, de 1939 à sa mort, au cœur d’un vaste réseau de passage de frontière travaillant de concert avec les services secrets britanniques.

[3] Dans une perspective parallèle, il faut noter que leurs commanditaires – ici, les services britanniques, mais il y en eut d’autres, notamment dans les rangs gaullistes – surent le plus souvent réutiliser, pour la cause résistante, les compétences particulières que des combattants anarchistes comme Ponzán – mais aussi Agustín Remiro ou Juan Catalá – avaient acquises, pendant la guerre d’Espagne, sur le front d’Aragon, en matière de renseignement, d’évasion et d’infiltration.

[4] Juan Catalá et Joaquín Baldrich touchaient, eux, 3 000 pesetas par agent ou aviateur transporté en Espagne, en 1943.

[5] Entré clandestinement en France en 1947, Cipriano Mera racontait que la vie d’un condamné à mort valait alors, en Espagne franquiste, 500 pesetas. Autrement dit, avec 500 pesetas on pouvait corrompre un fonctionnaire de prison. Partant de là, Mera, lui aussi pragmatique en diable, s’évertua à convaincre les instances dirigeantes de la CNT en exil qu’il était sans doute plus urgent, pour l’heure, de faire sortir un maximum de compagnons libertaires des geôles franquistes que de publier livres et journaux en quantité. Sans succès. L’anecdote vaut ce qu’elle vaut, mais elle restitue assez précisément une réalité que connaissaient Ponzán et ses camarades, qui réinvestirent dans cette tâche partie des prestations reçues des services britanniques.

[6] Les passeurs les plus célèbres de cette époque seront Francisco Denís Diéz, dit Catalá, et Ramón Vila Capdevila, dit Caraquemada – voir, à leur sujet, l’entretien avec Mariano Aguayo Morán publié dans ce numéro –, mais aussi Antonio Gónzalez Péres, dit Tono, Antonio Cereza Grasa et Antonio Cuesta Hernández.

[7] On lira, dans ce numéro, une recension du livre récemment paru de Jordi Gonzalbo : Itinéraires Barcelone-Perpignan. Chroniques non misérabilistes d’un jeune libertaire en exil.

[8] Dans l’entretien accordé à Guillaume Goutte, Octavio Alberola affirme curieusement que la situation internationale de l’époque – guerre froide, mouvements de décolonisation et, surtout, révolution cubaine – joua un rôle dans la réunification, en 1961, de la CNT. L’hypothèse est hardie mais sans fondement. Ce qui, en revanche, n’est pas discutable, c’est l’influence évidente que joua le processus révolutionnaire cubain sur Alberola, qui en fut longtemps un ardent panégyriste.

[9] Hormis les illusions d’époque sur une implication réelle – c’est-à-dire logistique et financière – des instances dirigeantes du MLE en exil dans ce genre d’activités et l’intérêt manifeste, lui aussi d’époque, porté aux impacts médiatiques de telle ou telle action, l’idée d’attenter à la vie du dictateur n’était pas, elle, à proprement parler originale, comme le prouve l’entretien avec Mariano Aguayo Morán que nous publions dans ce numéro.

[10] C’est ainsi que Germinal Esgleas et Vicente Llansola, représentants de la très immobiliste orthodoxie faïste, furent tout à la fois les inspirateurs et les fossoyeurs du DI.

[11] Sans parler des infiltrations policières qu’il subit et ne soupçonna pas. Sur ce chapitre, Goutte situe à ses justes proportions l’ampleur de la calamiteuse insouciance du DI, puis du Groupe 1er-Mai, vis-à-vis d’un indicateur qui sévit quatorze années durant dans le milieu activiste.

[12] Sur cet épisode, on peut se reporter, malgré ses lacunes, au livre de Carlos Fonseca, Le Garrot pour deux innocents : l’affaire Granado-Delgado – Éditions CNT-RP, 2004 – recensé dans le n° 16 – avril 2004 – de ce bulletin sous le titre : « De “l’innocentisme” et de ses limites ». Sur l’activisme des années 1960, on peut puiser, avec mesure, au livre de Salvador Gurucharri et Tomás Ibáñez, Une résurgence anarchiste. Les Jeunesses libertaires dans la lutte contre le franquisme : la FIJL dans les années 1960 – Acratie, 2012 –, dont l’édition espagnole fut longuement recensée dans le n° 39 – janvier 2011 – de ce même bulletin sous le titre : « Au temps des “Jeunesses” ardentes : l’histoire en héritage ».

 

 

La Nueva España.

 

 

 

 

ÉTRANGES ÉTRANGERS, Jacques Prévert

Kabyles de la Chapelle et des quais de Javel

Hommes de pays loin

Cobayes des colonies

Doux petits musiciens

Soleils adolescents de la porte d’Italie

Boumians de la porte de Saint-Ouen

Apatrides d’Aubervilliers

Brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris

Ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied

Au beau milieu des rues

Tunisiens de Grenelle

Embauchés débauchés

Manœuvres désœuvrés

Polacks du Marais du Temple des Rosiers

Cordonniers de Cordoue soutiers de Barcelone

Pêcheurs des Baléares ou du cap Finistère

Rescapés de Franco

Et déportés de France et de Navarre

Pour avoir défendu en souvenir de la vôtre

La liberté des autres.

Esclaves noirs de Fréjus

Tiraillés et parqués

Au bord d’une petite mer

Où peu vous vous baignez

Esclaves noirs de Fréjus

Qui évoquez chaque soir

Dans les locaux disciplinaires

Avec une vieille boîte à cigares

Et quelques bouts de fil de fer

Tous les échos de vos villages

Tous les oiseaux de vos forêts

Et ne venez dans la capitale

Que pour fêter au pas cadencé

La prise de la Bastille le quatorze juillet.

Enfants du Sénégal

Départriés expatriés et naturalisés.

Enfants indochinois

Jongleurs aux innocents couteaux

Qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés

De jolis dragons d’or faits de papier plié

Enfants trop tôt grandis et si vite en allés

Qui dormez aujourd’hui de retour au pays

Le visage dans la terre

Et des hommes incendiaires labourant vos rizières.

On vous a renvoyé

La monnaie de vos papiers dorés

On vous a retourné

Vos petits couteaux dans le dos.

Étranges étrangers

Vous êtes de la ville

Vous êtes de sa vie

Même si mal en vivez

Même si vous en mourez.

Vincent Parello (Université Bordeaux Montaigne)

 

A  mon  grand-­‐père  paternel,  réfugié  de  la  guerre civile espagnole, qui me recommandait toujours d’avoir mes papiers en règle !

 

  

 

Résumé : Cet article analyse le régime du réfugié espagnol et de l’étranger en France au cours de la période 1938-­‐1943. Il aborde, plus particulièrement, la carte d’identité d’étranger, la carte d’identité de travailleur, les déplacements et la circulation de l’étranger, ainsi que les modes d’acquisition et de déchéance de la nationalité française.

Resumen : Este artículo analiza el régimen del refugiado español y del extranjero en Francia durante los años 1938-­‐1943.  Aborda,  más  precisamente,  la  carta  de  identidad   de  extranjero,  la  carta  de  trabajador,  los desplazamientos y la circulación del extranjero, así como los modos de adquirir y de perder la nacionalidad francesa.

 

 

 

 

 

Le droit d’asile, hérité de la Révolution française qui, dans sa constitution adoptée le 24 juin 1793 stipule explicitement que le peuple français « donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans »(330), repose sur une contradiction fondamentale inhérente à sa nature même. D’une part, il vise à faire respecter les « droits de l’homme » en portant secours à l’infortune ; d’autre part, il veille à défendre les « intérêts des citoyens et de la nation ». Ainsi, la politique de bienfaisance publique va-­‐t-­‐ elle de pair avec les techniques policières et bureaucratiques mises en place par l’État pour contrôler et surveiller le réfugié.

Dans le contexte de la crise des années trente et avec l’accession au pouvoir des radicaux  en  la  personne  de  Daladier,  la  politique  d’ouverture  et  de  tolérance  vis-­‐à-­‐vis  de l’étranger cède progressivement le pas à une politique de fermeture nationale et à la réapparition d’une violente xénophobie (331). Il ne s’agit plus d’intégrer l’étranger, comme cela était encore le cas après la Première Guerre mondiale, mais de l’exclure de la société en édictant des lois et des mesures discriminatoires et coercitives à son égard. Trois conséquences principales découlent de ce processus de nationalisation en profondeur de la société française. En premier lieu, on renforce les moyens consistant à interdire l’entrée des étrangers sur le sol national et à favoriser leur extradition. En second lieu, on adopte des mesures de type protectionniste, en excluant les étrangers de nouveaux secteurs d’emplois. Finalement, on modifie en 1934 le Code de la nationalité en vigueur depuis 1927 (332). C’est ainsi que le décret-­‐loi du 22 juillet 1940 précise qu’il sera procédé à la révision de toutes les acquisitions de nationalité française intervenues depuis la promulgation de la loi du 10 août 1927, que l’on évince des naturalisés des emplois réservés aux nationaux, que le droit de vote est repoussé à 10 ans et l’exercice des mandats électifs à 20 ans…

Grâce à un recueil de textes administratifs rédigé en 1943 par le préfet de l’Hérault à l’attention de ses personnels subalternes, nous avons pu reconstituer le cadre légal  du séjour du réfugié et de l’étranger en France au cours de la période qui va de la fin de la Troisième République au gouvernement de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale (333). A la lecture de ce document, il apparaît clairement que l’État français entendait encadrer la vie publique et privée de tous ces individus qui se situaient en marge du national, et contrôler  les divers modes d’acquisition et de perte de la nationalité française. Le bon étranger, l’étranger désirable, c’était l’étranger utile à la collectivité nationale, en règle par rapport à  la législation française et à jour de ses papiers administratifs.

 

 

La carte d’identité d’étranger.

 Grâce aux progrès de la technique photographique et au système d’anthropométrie judiciaire mis au point par Alphonse Bertillon, dans les années 1880-­‐1890, l’État français se débarrassa peu à peu du passeport intérieur et du livret ouvrier en vigueur durant toute la période  du  Second  Empire.  En  1912,  le  port  du  carnet  anthropométrique, précédent immédiat de la carte d’identité, fut imposé aux nomades et aux vagabonds. Selon l’article 8 du décret d’application de 1913, ce nouvel instrument de preuve identitaire devait :

(…) recevoir le signalement anthropométrique qui indique notamment la  hauteur de la taille, celle du buste, l’envergure, la longueur et la largeur de la tête, le diamètre bizygomatique, la longueur de l’oreille droite, la longueur des doigts médius et auriculaires gauches, celle de la coudée gauche, celle du pied gauche, la couleur des yeux : des cases sont réservées pour les empreintes digitales et pour les deux photographies (profil et face) du porteur du carnet (334).

En 1917, la carte d’identité devint obligatoire pour tous les étrangers (335). Comme le signale Gérard Noiriel : « A partir de 1917, il faut en effet obtenir une carte d’identité délivrée par la police sur présentation du passeport et qui vaut autorisation de séjour. Dès ce moment, avoir une nationalité est devenu pour un individu aussi vital que le nez au milieu de la figure »(336). En 1921, à l’initiative du préfet de police du département de la Seine, Robert Leullier, l’usage de la carte d’identité se généralisa ; elle était obligatoire pour les étrangers, mais demeurait facultative pour les nationaux. Le 27 octobre 1940, le maréchal Pétain imposa l’obligation de la « carte d’identité de Français » à l’ensemble de la communauté nationale.  Désormais  nationaux  et  non-­‐nationaux  devaient  apporter  la  preuve  de  leur identité, à travers la possession de ce nouvel instrument. A partir de 1943, le numéro d’inscription de chaque carte d’identité fut intégré au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR).

 

Les étrangers qui désiraient séjourner plus de deux mois en France étaient dans l’obligation de se faire établir une carte d’identité. Il fallait en faire la demande auprès du commissariat de police ou à la mairie (337), et prouver :

• soit  qu’on   était   entré   en   France   d’une   façon   régulière,   c’est-­‐à-­‐dire   en possession d’un passeport valable visé d’un agent diplomatique ou consulaire français et du poste-­‐frontière par lequel on avait franchi la frontière ;
• soit qu’on résidait en France en qualité de réfugié politique. Selon la définition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le réfugié désignait :

(…) toute personne qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa  race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social  ou  de  ses  opinions  politiques,  se  trouve  hors  du  pays  dont  elle  a    la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner (338) ;

• soit qu’on bénéficiait du statut Nansen, en tant qu’étranger apatride (339). Etaient considérées comme apatrides les personnes connues sous le nom de « réfugiés Nansen » (Arméniens, Assyriens, Assyrochaldéens, Caucasiens, Georgiens, Kurdes, Nord-­‐Azerbaidjaniens, Russes, Sarrois, Syriens, Turcs et Ukrainiens) ainsi que les étrangers en mesure de démontrer qu’ils étaient sans nationalité. A la différence de ces étrangers, les réfugiés politiques espagnols, italiens et allemands, n’avaient pas perdu leur nationalité, et continuaient à être ressortissants de leur pays d’origine ;
• soit qu’on était né en France.

 

 

 

 

 

 

Le dossier type de première demande de carte d’identité devait comprendre les pièces suivantes : une lettre manuscrite sur feuille de papier timbré à 6 francs adressée au préfet, cinq photographies de profil droit, oreille dégagée et sans chapeau, d’au moins 4cm x 4cm, récentes et parfaitement ressemblantes, une fiche blanche et une fiche bulle comportant les empreintes digitales du demandeur, un récépissé postal attestant le versement de la taxe (taxe pleine : 400 francs, taxe réduite : 100 francs), un certificat de nationalité (340) de moins d’un an si la demande émanait d’un Espagnol sollicitant une carte à validité normale (3 ans) ou à validité de plus d’un an, ainsi qu’un certificat sanitaire pour les étrangers ayant résidé moins de 5 ans en France (341).

Il existait à l’époque trois catégories de cartes d’identité qui ne possédaient pas la même durée ni la même extension territoriale. La carte d’identité normale était valable trois ans à compter de la date à laquelle la demande avait été faite ; elle indiquait que le titulaire était domicilié en France et faisait office, en quelque sorte, de permis de séjour illimité. La carte d’identité temporaire d’une validité supérieure à un an (et inférieure à 3 ans) permettait à l’étranger de se déplacer librement sur l’ensemble du territoire national,  tandis que la carte d’identité temporaire d’une validité inférieure à un an limitait considérablement ses possibilités de circulation. Ces cartes temporaires étaient délivrées aux travailleurs pour la durée indiquée par les Services de la main-­‐d’œuvre étrangère, aux ressortissants de pays soumis à la procédure du visa consulaire, aux étrangers venus en France en voyages d’affaires, en visite de famille ou pour y faire des études, aux réfugiés espagnols entrés en France depuis le 17 juillet 1936, et aux réfugiés d’autres nationalités entrés en France depuis le 10 mai 1940 (342). Au sein du collectif des étrangers, les juifs constituaient un groupe à part, fortement discriminé sous le régime de Vichy en raison de leur statut ethnico-­‐religieux. Conformément aux dispositions de la loi du 9 novembre 1942 et de la loi du 11 décembre 1942, les Israélites étaient astreints à résidence sur le territoire de leur commune et devaient porter la mention « Juif » sur leur carte d’identité et leur titre d’alimentation (343). La liberté de déplacement restait somme toute illusoire, dans la mesure où l’étranger ne pouvait se rendre dans les départements de l’Allier, des Alpes-­‐Maritimes et de la Haute-­‐Savoie, les zones réservées ou interdites (344). En outre, le ministre de l’Intérieur pouvait, à tout moment, au nom de la Sûreté nationale, interdire aux étrangers l’accès à tel ou tel département de son choix.

Certaines catégories de personnes étaient dispensées de la carte d’identité d’étranger (345). Il s’agissait des représentants diplomatiques et consulaires munis de la carte consulaire (346), des étrangers titulaires d’une carte de tourisme d’une validité de six mois maximum, des étrangers âgés de moins de 15 ans, des Andorrans (347) et des Monégasques,  des étrangers incorporés dans les Compagnies de travailleurs étrangers (CTE) (348) et des étrangers travaillant sur le territoire du Reich (349).

 

 

La carte d’identité de travailleur.

 La  carte  d’identité  ne  se  contentait  pas  de  prouver  la  nationalité  (ou  la  non-­‐ nationalité) du détenteur ; elle indiquait également son statut social et professionnel. L’administration  française  de  l’époque  faisait  la  distinction  entre  les  non-­‐travailleurs,  les travailleurs agricoles ou industriels, et les commerçants et artisans. Les « étrangers du sexe masculin, âgés de 18 à 55 ans, réfugiés en France et en surnombre dans l’économie  nationale » (350), autrement dit, les personnes incorporées dans les Compagnies de  travailleurs étrangers, faisaient l’objet d’un recensement à part.

Figuraient dans la catégorie des non-­‐travailleurs ou des non-­‐salariés, les rentiers, les propriétaires agricoles, les individus exerçant une profession libérale, les touristes, les étudiants, les étrangers sans profession… Les pharmaciens et les médecins devaient fournir la preuve qu’ils étaient habilités à exercer leur activité, faute de quoi la mention « sans profession »   était   apposée   sur   leur   carte   d’identité.   En   dehors   de   la   carte,   les   non-­‐ travailleurs n’avaient pas de pièces particulières à fournir à l’administration.

L’étranger était considéré comme travailleur agricole ou industriel dès lors qu’il occupait « un emploi le plaçant dans une situation de subordination vis-­‐à-­‐vis d’un employeur pour l’exécution de son travail, quelle que soit la nature de cet emploi et indépendamment du mode de rémunération utilisée ou même de l’absence de toute rémunération »(351). Bien qu’ils constituent une sous-­‐catégorie à part entière, les fermiers et métayers entraient dans le groupe des travailleurs agricoles (352). Leurs femmes, leurs ascendants et descendants étaient considérés également comme des salariés de l’agriculture, s’ils aidaient le chef de famille dans ses multiples tâches professionnelles. Pour obtenir sa carte de travailleur, l’étranger devait constituer un dossier spécial –extrêmement lourd !– à la mairie ou au commissariat de police de son lieu de résidence. En voici la composition détaillée :

Le dossier comportera les pièces ci-­‐après :

1° Le récépissé de versement de la taxe de 25 francs que doit acquitter l’employeur à la Trésorerie générale, à la Recette des Finances ou dans une Perception ;

2° Une demande sur feuille de papier timbré à 6 fr. adressée à M. le Ministre Secrétaire d’État au Travail et ainsi conçue : « Je soussigné…de nationalité…demeurant à…rue…ai l’honneur de solliciter de Monsieur le Ministre Secrétaire d’État au Travail, l’avis favorable nécessaire à l’obtention de la carte d’identité de travailleur agricole (ou industriel) pour la profession de…» (Date et signature).

3° Deux exemplaires d’un certificat d’engagement d’une durée de 3 mois minimum n’ayant pas plus d’un mois de date. La signature de l’employeur doit être légalisée par le Maire ou le Commissaire de Police (Annexe IV) ;

4° Deux feuilles de renseignements, couleur orange, intégralement remplies, datées et signées par l’étranger qui doit répondre sans exception et avec précision à toutes les questions posées dans la partie qui lui est réservée.

La partie réservée au contrôle est remplie par le correspondant de l’Office ou, à défaut, par le Maire qui attestera devant chaque rubrique la nature, le numéro,  la date et la durée de validité des pièces présentées, ou indiquera que les déclarations n’ont pu être prouvées, puis datera et signera à l’endroit indiqué et finalement motivera son avis favorable ou défavorable dans la case « Avis de l’Office municipal de placement » (Annexe III).

5° Le ou les certificats de résidence, ou à défaut, toutes pièces justifiant la date d’entrée et le séjour en France du requérant ;

6° S’il s’agit d’un ouvrier agricole, l’employeur devra joindre au dossier une déclaration de la Caisse d’allocations familiales à laquelle il est affilié ;

7° S’il s’agit d’un enfant né en France de parents étrangers, joindre un bulletin de naissance sur papier libre ;

8° S’il s’agit d’étrangers de moins de 18 ans, joindre les certificats de scolarité ;

9° Pour les étrangers comptant moins de 5 ans de séjour ininterrompu en France, il y a lieu de produire un certificat sanitaire délivré par le Préfet. La formule sera fournie sur demande par l’Office régionale du Travail (…);

10° Une enveloppe suffisamment affranchie et portant l’adresse exacte et complète du demandeur ;

11° Un questionnaire rempli, daté et signé par les femmes sollicitant l’obtention de la carte d’identité de travailleur industriel (353).

 

Nul étranger ne pouvait exercer une profession commerciale ou artisanale sur le territoire  français,  à  moins  de  justifier  de  la  possession  d’une  carte  d’identité   spéciale portant la mention « commerçant » (354) . La demande de cette carte devait être faite directement à la préfecture du lieu où l’étranger avait fixé son établissement principal. Elle n’était délivrée que sur autorisation ministérielle et à la suite d’une enquête spéciale prescrite par le préfet. Pour établir légalement un fonds de commerce, il fallait être inscrit au Registre des métiers ou à la Chambre de commerce.

Il existait alors trois types de cartes d’identité de travailleur agricole ou industriel. Les étrangers installés depuis moins de cinq ans en France ne pouvaient prétendre qu’à une carte   d’identité   de   travailleur   de   type   A   (temporaire).   Celle-­‐ci   permettait   d’exercer uniquement la profession mentionnée dans le ou les départements désignés sur la carte et pour la durée fixée. Les étrangers ayant séjourné de façon régulière en France pendant au moins dix ans, ayant obtenu de l’Office départemental du Travail une autorisation à durée normale (3 ans) ou ayant servi sous les drapeaux français, étaient en droit de solliciter une carte d’identité de travailleur de type B (validité normale) qui permettait d’exercer seulement la profession mentionnée, mais dans tous les départements, à l’exception toutefois des zones réservées. Finalement, les étrangers résidant en France depuis plus de quinze ans, mariés depuis au moins deux ans à des Françaises ou père ou mère d’enfants français, les Françaises de naissance mariées à un étranger et n’ayant pas conservé leur nationalité d’origine, les engagés volontaires dans l’armée française ou dans la Légion étrangère,  pouvaient  bénéficier  d’une  carte  d’identité  de  travailleur  de  type  C    (toutes professions) qui permettait d’exercer toutes les professions, tant industrielles qu’agricoles, sur l’ensemble du territoire (départements réservés exceptés) (355).

 

Les déplacements et la circulation de l’étranger

 Comme nous l’avons déjà signalé, l’étranger n’était pas libre de ses mouvements à l’intérieur du territoire national et tous ses déplacements étaient soumis à une étroite surveillance. Ces mesures visant à contrôler la mobilité spatiale des populations immigrées remontaient de fait au XIXe siècle. Dans les années 1830-­‐1840, à une époque où les réfugiés arrivaient par milliers aux frontières, l’État français prit toute une série de mesures à l’encontre des exilés espagnols. Il leur interdit de se concentrer à certains endroits en les disséminant sur l’ensemble du territoire, et de se fixer dans certaines zones, comme Paris et sa  région,  les  départements  frontaliers  du  Sud-­‐Ouest,  les  départements  de  l’Est  et  la frontière avec les Alpes. Dans de nombreux cas, il eut recours à l’assignation à résidence (356). lllustrons notre propos par quelques exemples précis ; en août 1841, suite à la tentative manquée du général O’Donnell en Espagne, tous les officiers supérieurs réfugiés en France furent regroupés dans la ville d’Orléans. En 1843, après la chute de Barcelone, les Catalans furent internés dans quatre départements du Massif Central. Par la loi du 11 juillet 1839, vingt-­‐huit  départements  du  Sud  furent  interdits  aux  carlistes,  etc. (357).  En  1939,  lors  de  la Retirada, les réfugiés espagnols furent victimes de mesures similaires de la part de l’État français. Les soldats de l’armée républicaine furent internés dans des « camps de concentration »  sur  les  plages  du  Roussillon  (Argelès,  Saint-­‐Cyprien,  Barcarès)  ou  dans  six autres structures réparties dans le Midi de la France (Bram, Vernet, Agde, Gurs, Septfonds et Rivesaltes), tandis que la population civile, composée de femmes, d’enfants et d’hommes non combattants, fut dirigée dans 77 départements français où des camps d’hébergement avaient progressivement été aménagés (358).

En vertu du décret du 25 octobre 1940, l’étranger ne pouvait se déplacer librement que sur le territoire de sa commune et celui des communes limitrophes. Cette règle fut assouplie par le décret du 20 mai 1943 qui autorisait tout étranger à circuler librement dans le périmètre déterminé par la validité territoriale de son titre de séjour « sous réserve de   se conformer à la réglementation concernant le franchissement de la ligne de démarcation et aux dispositions relatives aux zones interdites »(359). En effet, aucun étranger n’était admis à franchir la ligne de démarcation en dehors des points de passage suivants : Orthez, Mont-­‐de-­‐ Marsan, Langon, Montpont, La Rochefoucault, Fleure, Jardres, Vierzon, Bourges, Moulins, Digoin,  Paray-­‐le-­‐Monial,  Chalon-­‐sur-­‐Saône,  Pourre-­‐Parcey  et  Coupy (360).  Quant  aux  réfugiés espagnols et aux apatrides, ils devaient, pour franchir ladite ligne, être porteurs d’un laissez-­‐ passer délivré par les autorités allemandes, d’une carte d’identité et d’un sauf-­‐conduit. Par ailleurs, pour se déplacer en dehors du périmètre assigné par la carte d’identité (Allier,

Alpes-­‐Maritimes, Haute-­‐Savoie, zones interdites de la zone Nord, etc.), l’étranger devait être en possession d’un titre de circulation délivré sur l’avis conforme du préfet du lieu de destination. Le sauf-­‐conduit était, en principe, valable quinze jours pour un seul voyage, mais à titre exceptionnel, des cartes de circulation temporaires, valables trois mois, pouvaient être délivrées par le préfet, les officiers de gendarmerie et les commissaires de police :

 

Pour obtenir un titre de circulation, il doit se présenter au Commissariat de  Police le plus proche de sa résidence ou, à défaut, à la brigade de gendarmerie. Il remplit une demande sur un imprimé conforme au modèle ci-­‐joint (Pièce annexe n° VIII) à l’appui de laquelle il produit deux photos 4 x 4 de profil droit, oreille dégagée et sans chapeau, tête d’une hauteur de 2cm au moins, ainsi que, éventuellement, toutes pièces justificatives utiles. L’autorisation concrétisée par un  sauf-­‐conduit  conforme  au  modèle  joint  (Pièce  annexe  n°  IX),  peut  être délivrée sur le champ par le Commissaire de Police ou le Chef de brigade de gendarmerie. Toutefois, si le demandeur fait l’objet de renseignements défavorables ou s’il est signalé comme suspect, l’autorité qui reçoit la demande de titre doit me consulter en me fournissant, le cas échéant, tous  renseignements utiles. Il m’appartient alors de statuer sur la demande (361).

 

Les étrangers incorporés dans des Compagnies de travailleurs étrangers ne pouvaient, quant à eux, circuler que munis d’un ordre de mission ou d’un titre de permission établi par le chef de la formation. Dans ce cas, les services municipaux, de police et de gendarmerie n’avaient pas leur mot à dire.

En marge des sauf-­‐conduits et des cartes de circulation temporaires, les étrangers ne pouvaient changer de domicile sans en faire la déclaration au départ et à l’arrivée auprès du commissariat de police ou de la mairie (362). Les travailleurs devaient fournir un contrat de travail   visé   favorablement   par   l’Office   régional   du   Travail   du   département ;   les   non-­‐ travailleurs, un certificat d’hébergement établi par le maire de la commune où ils  comptaient s’installer. Les personnes qui logeaient ou hébergeaient des étrangers –même à titre gracieux– étaient tenues d’en faire la déclaration aux autorités municipale ou policière (363).

 

 

Les modes d’acquisition et de déchéance de la nationalité française

 La nationalité française s’acquérait de diverses manières : par l’effet de la naissance, par le mariage, par réintégration ou naturalisation, et par participation volontaire aux opérations de recrutement militaire.

Nationalité française par l’effet de la naissance : Selon la loi du 10 août 1927, modifiée en 1934 et 1938, étaient considérés dès leur naissance comme citoyens français à titre définitif (364), les enfants légitimes nés d’un père français en France ou à l’étranger, les enfants légitimes nés en France d’une mère française ou d’un père lui-­‐même né en France, les enfants naturels reconnus, nés en France, si l’un des parents était français, ainsi que  tous

les  enfants  nés  en  France  de  parents  inconnus,  avant  la  promulgation  du  décret-­‐loi  du 12 novembre 1938. Les enfants légitimes nés en France d’une mère étrangère, mais née elle-­‐ même en France, et les enfants naturels nés en France de parents étrangers, étaient également considérés comme Français, mais ils avaient à leur majorité la faculté de répudier leur nationalité au profit de celle de leurs parents. Les enfants nés en France de parents dont ni l’un ni l’autre n’était Français ou né en France, devenaient français de droit à l’âge de 18 ans pour les hommes et de 21 ans pour les femmes, s’ils étaient domiciliés en France et en possession d’une carte d’identité supérieure à un an (365).

Nationalité française par le mariage : Si l’étranger du sexe masculin ne pouvait acquérir la nationalité française que par naturalisation, en revanche la femme étrangère pouvait devenir française à la suite de son mariage avec un Français. Pour cela, il lui fallait en faire la demande à la mairie avant la célébration de l’union matrimoniale. Tant que l’intéressée n’avait pas reçu la notification ministérielle lui accordant la nationalité française, elle continuait à être étrangère, et donc assujettie aux lois régissant le séjour des étrangers en France.

Nationalité française par réintégration : Depuis la loi du 10 août 1927, la Française  qui se mariait avec un étranger conservait sa nationalité d’origine, à moins qu’elle n’ait émis le souhait d’obtenir la nationalité de son mari (366). En cas de décès de celui-­‐ci, de divorce ou de séparation de corps, l’épouse avait la possibilité de recouvrer sa nationalité française   par voie de réintégration (367), à condition toutefois de ne pas avoir acquis par son mariage la nationalité d’un ressortissant d’une nation ennemie (368).

Nationalité française par naturalisation : En période de paix, il fallait, pour être naturalisable, être âgé de 18 ans et résider en France depuis au moins trois ans. La requête de naturalisation devait être adressée au garde des Sceaux, ministre de la Justice et déposée à la préfecture. Pendant la période de guerre, les naturalisations avaient été suspendues, à l’exception de certaines dérogations accordées aux prisonniers et à leurs proches, aux membres des familles d’étrangers morts pour la France, et aux Espagnols installés en France depuis leur plus jeune âge, et qui souhaitaient se soumettre aux obligations militaires.

Nationalité française par participation volontaire aux opérations de recrutement : Au moment du recrutement de sa classe d’âge, l’étranger régulièrement domicilié en France devait souscrire à la mairie une déclaration d’intention dans laquelle il affirmait son désir d’obtenir la nationalité française. Cette première intention devait être confirmée lors de sa comparution volontaire devant le Conseil de révision (369).

Si la loi prévoyait l’acquisition de la nationalité française pour l’étranger, elle envisageait aussi sa perte et sa déchéance (370). Le Français naturalisé à l’étranger, le Français qui avait répudié la nationalité française, la Française qui avait opté pour la nationalité étrangère de son mari, et le Français qui se comportait comme le national d’un pays étranger, étaient déclarés avoir perdu ipso facto la nationalité française par décret prévu à l’article 10 de la loi du 10 août 1927. Quant à la procédure de déchéance, elle était rendue par le Conseil d’État, publiée au Journal officiel et notifiée à l’intéressé par la voie administrative :

 

Cette déchéance sera encourue :

1° Pour avoir accompli des actes contraires à l’ordre public, à la sûreté intérieure, ou extérieure de l’État, ou au fonctionnement de ses institutions ;

2° Pour s’être livré, au profit d’un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français ;

3° Pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de recrutement ;

4° Pour avoir, en France ou à l’étranger, commis un crime ou un délit ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins une année d’emprisonnement (….)

Remarques : (…) 2° Les lois des 23 juillet 1940, 10 septembre 1940, 6 février 1941, 28 février 1941, 8 mars 1941 prévoient la déchéance de la nationalité française à l’égard des Français :

• Qui ont quitté les territoires de la métropole ou d’outre-­‐mer depuis le 10 mai 1940 ;
• Qui hors du territoire ont trahi les devoirs qui leur incombent en tant que membres de la communauté française ;
• Qui depuis le 1er décembre 1940 se sont rendus dans une zone dissidente (371).

 

En guise de conclusion, nous dirons que les conditions de séjour de l’étranger en France ne firent qu’empirer entre la fin de la Troisième République et le gouvernement de Vichy, dont la politique raciste et antisémite ne fait aujourd’hui plus aucun doute parmi les historiens. Progressivement, la législation française traça une ligne de partage très nette entre le national et le non-­‐national, et l’étranger devint un être suspect qu’il fallait surveiller de très près. Par le biais de la carte d’identité d’étranger, de la carte de travailleur, du certificat sanitaire, du sauf-­‐conduit, du laissez-­‐passer, etc., les intentions du gouvernement étaient on ne peut plus claires. Le ministère de l’Intérieur était chargé de la surveillance politique des étrangers et de la gestion de la population civile réfugiée, le ministère de la Défense nationale et de la Guerre contrôlait les soldats réfugiés internés dans des « camps de concentration », le ministère du Travail et celui de l’Agriculture s’occupaient de la main-­‐ d’œuvre étrangère et de son reclassement dans l’économie nationale, tandis que le  ministère de la Santé publique apportait une attention toute particulière à la surveillance sanitaire et au soin des étrangers porteurs de maladies infectieuses ou vénériennes. Contrairement au mauvais étranger qui s’était mis volontairement en marge de la loi par« un usage illégitime du statut de réfugié », le bon étranger, était celui dont les papiers étaient en règle et qui faisait montre d’une attitude correcte vis-­‐à-­‐vis de la République et de ses institutions (372). Celui-­‐là seul se montrait digne d’acquérir un jour la nationalité française !

 

 

 

 

Annexe

 

(ADH, 4M1798). Association des amis de la République française

 

Comme en 1914, l’Association des amis de la République française dont le siège se situait à Paris, 12 avenue de la Grande Armée (17ème), se proposa lors de l’entrée en guerre de la France contre l’Allemagne, d’associer les étrangers à la juste cause que la République française entendait défendre par les armes. Sa Commission de défense nationale, présidée par M. Paul Boncour, et sa Commission de collaboration civile, présidée par M. Justin Godart, se chargèrent, en accord avec le gouvernement français, d’organiser les contributions volontaires individuelles sous la forme du service civil ou de l’engagement militaire. Elle fit appel, bien entendu, aux réfugiés espagnols à qui elle envoya un document dans lequel étaient évoquées les  obligations militaires des étrangers en temps de guerre, les règles concernant la circulation à travers le territoire national et les différentes lois sur le travail. Nous reproduisons ci-­‐dessous certains de ces passages rédigés en langue espagnole par le secrétaire de direction Eduard Ragasol.

 

Censo y obligaciones militares

 

El decreto de 12 de abril de 1939 contiene dos disposiciones esenciales : la primera es la que autoriza  a todo extranjero a alistarse, en tiempos de paz, en un Cuerpo del Ejército Francés. Por la segunda, los extranjeros sin nacionalidad y los demás extranjeros beneficiarios del derecho de asilo están sometidos a todas la obligaciones impuestas a los franceses por la ley de 11 de julio de 1939 sobre la organización del país en tiempo de guerra y pueden ser objeto de requisiciones individuales o colectivas, generales o locales, fundamentadas en la nacionalidad, la edad y la profesión.

En virtud del artículo 3 de este Decreto los mismos extranjeros apatrida y los beneficiarions  del derecho de asilo tienen la obligación de asegurar, desde el tiempo de paz, a las Autoridades militares francesas, por igual duración a la del servicio impuesto a los franceses, unas prestaciones cuyos carácter y modalidad de ejecución serán determinadas por Decreto.

El primer Decreto complementario del 12 de abril fue publicado con fecha 20 de julio. En el mismo se instituía un “relevé général” de los extranjeros a que se refiere el artículo 3 del Decreto antes mencionado. En este “relevé” han de estar inscritos todos los extranjeros de 20 a 48 años que no justifiquen nacionalidad ninguna o declaren estar refugiados en Francia y sean admitidos al beneficio del derecho de asilo. Serán inscritos en este “relevé” todos los extranjeros admitidos al beneficio del derecho de asilo y en posesión de una carta de identidad de duración normal o que, de no tener este documento, haga más de dos meses que residan en Francia.

Para el que justifique gestiones para abandonar el territorio francés, la inscripción en este censo será aplazada por tres meses (…) Los extranjeros que, en ocasión de las operaciones de censo declaren que no se consideran como refugiados o que no hayan sido admitidos al derecho de asilo no podrán invocar este derecho si reciben ulteriormente la orden de abandonar el territorio. Tampoco podrán invocar este derecho si no responden en el término de veinte días a las convocatorias que les serán dirigidas.

Sin embargo, si por razón de un nuevo hecho, el extranjero reune ulteriormente las condiciones previstas por el Decreto, será inscrito en el censo. Este censo se efectuará según la edad alcanzada por los interesados a primero de enero del año en curso.

Los extranjeros sin nacionalidad, de 20 a 48 años y los extranjeros beneficiarios del derecho de asilo que tengan de 20 a 27 años serán inscritos en el censo antes del 1° de septiembre de 1939. Los hombres de 27 a 35 años, serán inscritos antes del 1° de enero de 1940 ; los de 35 a 40, antes del 1° de marzo de 1940 ; y los  de 40 a 48 años antes del 1° de octubre del mismo año.

Este censo se confeccionará por los Servicios de la Prefectura en donde residan los extranjeros, que serán inscritos de oficio, a petición de los mismos o de sus padres o representantes legales. El Decreto anuncia también que una disposición complementaria determinará en que condiciones se efectuará la revisión de los extranjeros, fijará las unidades en las cuales servirán y la duración de su servicio (…).

 

 

Trabajo de los extranjeros

 El Journal Officiel de 20 de septiembre de 1939 publica dos Decretos muy interesantes, fechados de 20 de enero 1939 y de 19 de abril del mismo año, respectivamente, en los que se fija la “situación de los trabajadores de nacionalidad extranjera en caso de guerra” y el “empleo, en caso de guerra, de la mano de  obra extranjera por las administraciones públicas y los establecimientos y servicios que funcionan en el interés de la nación”.

El primero de dichos Decretos establece, en su artículo 1°, que está prohibido colocar a ningún extranjero, aunque éste reuna las condiciones fijadas por el artículo 64 del libro II del Código del Trabajo (que determina la obligatoriedad de posesión de la Carta de Identidad de Trabajador), si no se cuenta de antemano con la autorización de la Oficina departamental de Colocación del lugar de trabajo. Esta prohibición no se aplica a los patronos de profesiones agrícolas (Art. 1).

Sin embargo, por el artículo 2 se concede un plazo de quince días a los patronos que ocupan actualmente a trabajadores extranjeros para pedir esta autorización.

Las oficinas departamentales de colocación están autorizadas a colocar a los extranjeros no provistos de la carta de identidad de trabajador. En los ocho días siguientes de la colocación estos extranjero deberán solicitar su carta de trabajador (art. 3).

Cuando un patrono despide a algún trabajador extranjero deberá declararlo a la misma oficina. Esta obligación no rige para los patronos agrícolas (art. 4).

La aplicación de las disposiciones que contingentan la mano de obra extranjera para la protección del trabajo nacional es suspendida (art. 5).

Este Decreto tiende, por tanto, a dar facilidades para la colocación de los trabajadores extranjeros, según las necesidades departamentales y permitirá la legalización de muchos casos individuales, por la obtención de la Carta de trabajador.

La segunda de las disposiciones publicadas en el JO de 20 de septiembre autoriza todas las Administraciones públicas y a los establecimientos y servicios de interés nacional a emplear extranjeros a título precario, en las condiciones prescritas por la ley, según reglas que serán precisadas, según el caso, por orden del Ministro interesado o por disposición prefectural en lo que concierne a las colectividades locales (art. 1).

Estas disposiciones ministeriales o prefectorales deberán determinar los servicios en los que el empleo eventual de la mano de obra extranjera puede ser prevista sin peligro para el orden público y la seguridad nacional (art. 2).

Se prevé, por último, en este Decreto, la concesión de indemnizaciones especiales por conocimiento de lenguas extranjeras, en los servicios que se ocupen de extranjeros (art. 3).

La importancia de esta disposición estriba en que las modalidades de “Servicio civil” previstas por la ASSOCIATION DES AMIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE, como consecuencia de los ofrecimientos voluntarios recogidos en sus oficinas, y a que responden las fichas que se incluyen, podrán ser utilizadas por los diferentes servicios oficiales franceses, a medida de las necesidades, con toda libertad y por simple decisión ministerial.

 

Carte d’identité de Pablo Picasso.

 

 

 

Références bibliographiques

 

Naudin, Charles, 2009, Histoire de l’identité individuelle d’hier et de demain, Paris, Ellipses. Noiriel, Gérard, 1991, La tyrannie du national. Le droit d’asile en Europe (XIXe-­‐XXe siècles), Paris, Seuil.

Noiriel,  Gérard,  1992,  Population,  immigration  et  identité  nationale  en  France  (XIXe-­‐XXe siècles), Paris, Hachette.

Noiriel, Gérard, 1992, Le creuset français. Histoire de l’immigration (XIXe-­‐XXe siècles), Paris, Hachette.

Noiriel, Gérard, 1998, Réfugiés et sans-­‐papiers. La République face au droit d’asile XIXe-­‐XXe siècles, Paris, Hachette.

Parello, Vincent, 2010, Des réfugiés espagnols de la guerre civile dans le département de l’Hérault (1937-­‐1939), Perpignan, PUP.

Piazza, Pierre, 2002, «Sociogenèse du carnet anthropométrique des nomades», Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 48, p. 210-­‐225.

Piazza, Pierre, 2004, Histoire de la carte nationale d’identité, Paris, Odile Jacob. Ponty, Janine, 2004, L’immigration dans les textes. France, 1789- ‐2002, Paris, Belin.

 

 

 

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330 Article 120. Cité par Noiriel 1998, 34.

331 Janine Ponty a recensé une centaine de décrets-­‐lois, dont beaucoup concernent les étrangers, promulgués sous le gouvernement Daladier. Ces décrets conféraient au pouvoir exécutif une  grande  rapidité  d’action (Ponty 2004).

332 Comme l’a démontré, entre autres, Gérard Noiriel, le parlement, la presse, l’éducation et l’opinion publique représentent les principaux instruments de cette émergence du sentiment national : Noiriel 1992, 50-­‐70.

333 Archives départementales de l’Hérault (ADH), 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France.

334 Piazza 2002, 213.

335 Naudin 2009; Piazza 2004.

336 Noiriel 1998, 92.

337 Le dossier était ensuite adressé à la préfecture, seule habilitée à délivrer la carte.

338 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Article premier, paragraphe 2.

339 Circulaire du préfet de l’Hérault du 11 juin 1942.

340 Pour les réfugiés espagnols qui ne pouvaient pas fournir de certificat d’identité, la mention «Asilé espagnol» devait figurer de façon apparente sur la chemise du dossier. Circulaire ministérielle n° 387 du 27 septembre 1941.

341 En étaient exemptés les étrangers résidant en France depuis plus de 5 ans, les femmes d’origine française ayant perdu leur nationalité à la suite d’un mariage avec un étranger, les étrangers ayant combattu pendant la guerre comme engagés volontaires ou comme légionnaires, les enfants de travailleurs étrangers âgés de moins de 18 ans et les étrangers au service d’agents diplomatiques ou consulaires  régulièrement  accrédités  en France.

342 Décrets du 14 mai 1938 et du 9 septembre 1938.

343 Circulaire du préfet de l’Hérault des 5 et 14 janvier 1943.

344 Les réfugiés politiques n’avaient pas le droit de résider à Paris et dans sa région.

345 Décret du 14 mai 1938; Circulaires 118 du 2 janvier 1941, 173 du 11 mars 1941 et 646 du 30 décembre 1942. 346 Le personnel subalterne des corps consulaires n’avait pas droit à la carte consulaire. L’administration française lui délivrait gratuitement une carte d’identité normale de non-­‐travailleur (valable 3 ans).

347 Recueil des actes administratifs de l’Hérault n°14 du 10 avril 1943. Les Andorrans avaient été privés de leur nationalité en application des décrets de 1939 pris par les co-­‐princes d’Andorre.

348 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 8: «Mes instructions diverses, notamment celles des 5 et 15 juillet 1942 vous donnent toutes directives en ce qui les concerne. Je vous rappelle qu’une fois incorporés ces étrangers sont munis par les soins du groupe auquel ils appartiennent d’une carte d’identité spéciale. Tout autre titre de séjour qu’ils pourraient détenir doit donc leur être retiré pour être transmis à ma Préfecture».

349 Ces étrangers pouvaient, à chaque permission, séjourner sur le territoire français pendant deux mois, munis soit du passeport national, soit du titre de voyage français, soit du titre de voyage allemand. Ces dispositions n’étaient applicables que pendant la durée de la guerre.

350 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 8.

351 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 9.

352 Instruction ministérielle du 19 juillet 1939.

353 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 12-­‐13.

354 Décret-­‐loi du 12 novembre 1938 (J.O. du 13 novembre 1938).

355 Décret du 14 mai 1938, Article 8. La carte de type C ne pouvait être délivrée qu’après enquête administrative et sous réserve de renseignements favorables à tous les égards.

356 L’assignation à résidence est une décision par laquelle l’administration centrale contraint un étranger à résider dans le lieu qu’elle détermine, l’oblige à se présenter périodiquement aux services de polices et de gendarmerie le privant ainsi de la liberté de circuler librement en France (Parello 2010, 20-­‐29).

357 Noiriel 1998, 50-­‐60.

358 Parello 2010, 30-­‐36.

359 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 20.

360 Les juifs, quelle que soit leur nationalité, n’étaient pas autorisés à franchir la ligne de démarcation, même  aux points de passage prévus.

361 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 22.

362 Décret du 2 mai 1938; Lois des 30 mai 1941et 10 février 1943.

363 Décret-­‐loi des 2 et 14 mai 1938; Circulaire du préfet de l’Hérault du 8 juin 1942.

364 «A titre définitif» signifiait que l’individu n’avait pas la possibilité de répudier sa nationalité française à sa majorité.

365 Ils pouvaient aussi devenir français à leur naissance, à la suite d’une déclaration devant le Juge de Paix souscrite par les parents. Décret-­‐loi du 9 septembre 1939.

366 Décret-­‐loi du 12 novembre 1938. Article 19.

367 Loi du 10 octobre 1939.

368 Cette disposition ne s’appliquait que pour la durée de la guerre.

369 Décret-­‐loi du 12 novembre 1938. L’étranger expulsé ou assigné à résidence ne pouvait pas être inscrit sur les tableaux de recensement.

370 Loi du 16 juillet 1940; Décret-­‐loi du 22 juillet 1940.

371 ADH, 2W 614. Régime du séjour de l’étranger en France, p. 34.

372 Journal Officiel du 3 mai 1938, p. 4967: «(La France) reste toujours aussi largement ouverte à la pensée, à l’idéal persécutés, qui lui demandent asile, à la condition toutefois qu’il ne soit pas fait du titre respectable de réfugié politique un usage illégitime qui serait un abus de confiance, et qu’une conduite exempte de tout reproche, une attitude absolument correcte vis-­‐à-­‐vis de la République et de ses institutions, soient l’inflexible règle pour tous ceux qui bénéficient de l’accueil français. Cet esprit de générosité envers celui que nous nommerons  l’étranger  de  bonne  foi  trouve  sa  contre-­‐partie  légitime  dans  une  volonté  formelle  de  frapper désormais de peines sévères tout étranger qui se serait montré indigne de notre hospitalité. Et tout d’abord, la France  ne  veut  plus  chez  elle  d’étrangers  clandestins,  d’hôtes  irréguliers:  ceux-­‐ci  devront,  dans  un  délai  d’un mois fixé par le présent texte, s’être mis en règle avec la loi ou, s’ils le préfèrent, avoir quitté notre sol».

 

 

Source :

Cahiers d’Études des Cultures Ibériques et Latino-­‐américaines -­‐ CECIL
–
ISSN  2428-­‐7245.
Numéro 2
-­‐
Année 2016.
Université Toulouse-­‐Jean-­‐Jaurès
–
Université Paul-­‐Valéry, Montpellier